La tragedia sigue siendo nota cotidiana en nuestro país. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, habría poco más de 28 mil personas no localizadas y, de ellas, poco más de 800 corresponden a registros el fuero federal; el resto, del fuero común.

A pesar de esas cifras, hay voces de la sociedad civil que afirman que sólo en Michoacán habría una cifra similar de desaparecidos, que en Veracruz la cifra sería similar o mayor y que en Coahuila y Tamaulipas los desaparecidos superan también varios millares.

La desaparición forzada, crimen que campea en prácticamente todos los espacios en donde opera el crimen organizado, es un fenómeno que rebasa el ámbito delincuencial y que en realidad debería ser comprendido en los ámbitos de la ciencia política y de la filosofía.

En efecto, desde la ciencia política, puede hablarse de “territorios tomados” por la delincuencia y en donde la ausencia del Estado es una afrenta inaceptable: porque hay una usurpación de los poderes públicos; porque hay un abandono de la población; y porque representa una fractura mayúscula para la democracia y el Estado social de derecho al que debemos aspirar como realidad permanente.

Desde la filosofía, debemos ser capaces de invocar nuevas categorías, o de resignificar otras, para comprender qué hemos hecho, qué estamos haciendo para defender la vida y combatir al mal radical que practican y ejercen como práctica cotidiana los barones del crimen.

En medio de esta tragedia, las autoridades locales han asumido, en el mejor de los casos, la cómoda posición de sostener que no pueden hacer nada porque no está en el ámbito de su competencia; y en los peores, como en el caso de Iguala, una abierta y cínica complicidad con los delincuentes.

Sostenía Miguel de Unamuno que fundamentalmente, los seres humanos, somos animales “guarda-muertos”; y añadía, con plena razón que, en la historia de nuestra especie, primero construimos tumbas y recintos funerarios para cuidar de nuestros muertos, que edificios o puentes.

El diccionario de la lengua española define a la voz guardar como: “Tener cuidado de algo o de alguien, vigilarlo y defenderlo”. Esto implica, por supuesto, tener la capacidad de respetar aquello que se guarda, pues de otro modo, la valía que implícitamente tiene, pasa a un segundo plano.

Eso es lo que se ha perdido en nuestros apesadumbrados días: la ausencia de la guarda de nuestros muertos; miles de cadáveres han sido arrojados a fosas clandestinas, y cientos más que son almacenados, sin ninguna consideración, en los CEMEFOS; apilados porque ya no caben; y así, muerto sobre muerto, nos debatimos entre la posibilidad de un país de justicia dignidad, y otro en donde todo está permitido.

No podemos seguir siendo un país en el que se ha llegado al exceso de la desaparición definitiva de cuerpos en ácido; olvidados en la más oscura sombra de parajes a los que sólo acceden los sicarios y los portadores de los mensajes malditos de la tortura y de la muerte sádica.

En todo ello, las instituciones del Estado tienen una infinita deuda; porque han sido omisas y hasta cómplices al haber prohijado la corrupción y la impunidad; y también al haber permitido que se perdiera cualquier referente ético como exigencia irrenunciable a quien aspira a ocupar un cargo público o de representación popular.

Ser capaces de guardar a nuestros muertos exige de una nueva perspectiva de lo público y de los problemas que deben ser atendidos no sólo con prioridad, sino con gran urgencia.

Debemos recuperar la idea de Unamuno respecto de lo único del ser humano, que es guardar, “de una manera o de otra, sus muertos sin entregarlos al descuido de su madre la tierra todoparidora… Han vencido a los siglos por su fortaleza las casas de los muertos, no las de los vivos; no las moradas de paso, sino las de queda”

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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