Excélsior, 14 de marzo de 2016

Hay quienes sostienen que para lograr una reducción significativa en los niveles de violencia es necesario reducir primero los niveles de pobreza y desigualdad, pues ante la carencia de oportunidades y expectativas la mayoría de las personas que cometen delitos son jóvenes que se encuentran entre los 15 y los 29 años de edad.

Quienes piensan así tienen razón en señalar que una sociedad desigual y divida por los océanos de inequidades que nos caracterizan, propicia contextos que favorecen la generación de ciclos de violencia y violación de la ley, así como complejos procesos que permiten su reproducción en el tiempo.

A pesar de lo anterior, queda siempre una pregunta por resolver: ¿por qué, aun viviendo en la pobreza y en medio de desigualdades extremas, hay quienes deciden mayoritariamente no delinquir? Es decir, la desigualdad y la pobreza son factores que pueden asociarse a los perfiles de quienes han sido detenidos o procesados por la presunta comisión de un delito, empero no podría asumirse como condición suficiente.

En sentido estricto, tanto el funcionalismo como el positivismo de los siglos XVIII, XIX y lo que va del XX tienden a criminalizar a la pobreza, y en los casos extremos han llegado a plantear soluciones monstruosas, como las de la “limpieza social” y otros términos que resultan de suyo aberrantes.

En contraposición, hay quienes argumentan que es el propio modelo de organización social el que genera las condiciones que dan pie a la construcción de personas que, como resultado de sus ciclos e historias de vida, desarrollan conductas antisociales, las cuales son producto de un modelo social y de gobierno que falla en la prevención y en los mecanismos de inclusión social.

Frente a esta posición, la crítica que se hace es que deja de lado la responsabilidad individual y deja todo el peso de la explicación en las deficiencias institucionales (del Estado, el mercado y las familias), en los procesos de integración, sociabilidad y desarrollo de capacidades de convivencia, solidaridad y fraternidad entre las personas.

Asumir una u otra posición tiene serias implicaciones de política pública, pues de ello dependerá qué se hace o se deja de hacer en torno a las distintas formas de expresión y concreción de la delincuencia.

De acuerdo con el Inegi, entre los años 2010 y 2015 hubo un promedio de 92.4% de delitos no denunciados. Y según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2014 y 2015 se iniciaron averiguaciones previas por alrededor de 274 mil casos violentos de robo con violencia a transeúnte, a negocios, a casa habitación y de vehículos.

Adicionalmente, habría en el mismo periodo un total de 512 mil 682 delitos sin violencia, en los mismos rubros señalados, los cuales representarían, como señala el Inegi, apenas alrededor del 10% de los que efectivamente se cometen. Es decir, podría asumirse que habría más de cinco millones de delitos que nunca llegaron a oídos de la autoridad, fundamentalmente porque carece de la confianza de la población.

Esta información debería llevar a la ciudadanía, antes que a retraerse, a denunciar a pesar de todo y con ello obligar a la visibilización de la magnitud del fenómeno delictivo, pues hacerlo reduciría los márgenes para la inacción u omisión de las autoridades.

En este contexto, los retos que enfrentan los gobiernos de todos los órdenes y niveles son enormes, pues se trata nada menos que de erradicar la impunidad y la corrupción, dos elementos que han nutrido y prohijado el estado de cosas que hoy padecemos, y cuyo resultado no es otro sino una sociedad agraviada, dolida y, sobre todo, asediada por la delincuencia.

La pregunta queda ahí: ¿cómo salimos de la espiral de violencia en que hoy estamos sumidos? Dar una respuesta rápida y certera es crucial. De ello depende nada menos que la posibilidad de vivir en un verdadero Estado social de derecho.

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