Todo gobierno tiene el derecho, y también la responsabilidad, de defender su visión del país y, por lo tanto, de las políticas y programas que ejecuta para materializar los grandes  objetivos de desarrollo que se plantea al inicio de su gestión. Desde esa perspectiva no es en sí mismo condenable que una administración publicite intente hacer visible todo aquello que asume que contribuye al desarrollo estructural del país 

 

Lo que resulta en realidad cuestionable es que cualquier gobierno rechace la crítica, que asuma que otras perspectivas de la realidad constituyen ejercicios de mala fe y ataques, necesariamente, interesados y, peor aún, que ante visiones distintas a las que asume, la respuesta sea la descalificación y el triunfalismo por no logrado.

Ningún gobierno auténticamente democrático va a rehuir jamás a la crítica; al revés, habrá de fomentarla, alentarla e incluso exigirla a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a la academia; pedirá constantemente no el aplauso, sino el señalamiento puntual de los errores y las ventanas de oportunidad para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible.

Por ello, es necesario que exijamos un debate de altura ante el proceso electoral que ya dio inicio rumbo al 2018. Quedan 50 semanas efectivas de gobierno de aquí a la elección del próximo Presidente de la República, en las cuales nuestra democracia debe ser capaz de generar y procesar un diálogo responsable sobre qué debe hacerse en los próximos años para resolver los tres grandes lastres que arrastramos desde hace treinta años.

Así, resulta cuestionable que se destaque un “récord de empleos”, cuando de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi, hay 1.82 millones de personas desocupadas; cuando 3.13 millones de personas no reciben ingresos por su trabajo; 7.4 millones de personas reciben un salario mínimo o menos; y 14.22 millones más reciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales; es decir, 24.75 millones de trabajadores cuyo promedio salarial no rebasa los dos mil 600 pesos al mes.

Adicionalmente, debe considerarse que, igualmente de acuerdo con la ENOE, de los 51.85 millones de personas que trabajan, el 62% no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo.

Se presume que las calificadoras crediticias han mejorado la perspectiva respecto del país, pero también está la realidad de la grosera e inmoral deuda que han adquirido numerosos gobiernos estatales bajo la sospecha fundada de que fueron recursos que se utilizaron de mala manera para el enriquecimiento personal o de grupo.

Así, para cada “dato positivo” habría una gran cantidad de indicadores que permiten ponerlos en tensión. Y no, no se trata de ver sólo lo negativo. Antes bien, el propósito es convocar a pensar en la complejidad del país y generar las soluciones que urgen para hacer de México un país auténticamente democrático y de derechos humanos.

Los datos del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad muestran que al cierre de junio de 2017 se han contabilizado 22 mil 805 homicidios; más que todos los cometidos en 2015; se han denunciado 692 secuestros y dos mil 985 casos de extorsión.

¿Cómo asumir que la pobreza se reduce, cuando la inflación crece, el ingreso está estancado, la calidad de los servicios empeora, y la infraestructura social, aunque crece en algunas zonas, en otras se encuentra deteriorada? Todo ello además de que no se ha querido asumir el debate en torno a cuáles son los mínimos de bienestar aceptables, bajo los estándares del artículo 1º de la Constitución.

Pensar la complejidad, ofrecer respuestas complejas, y sobre todas las cosas, rechazar explicaciones lineales, le darán al gobierno la posibilidad de conducir apropiadamente un tenso proceso electoral. Pero esto implica ir más allá de la superación momentánea de la coyuntura; y con humildad y serenidad, comprender de verdad lo que pasa; no hacerlo nos hará pagar severas consecuencias y posponer, otra vez, la construcción del país justo e incluyente que merecemos ser.

 

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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