De acuerdo con un autor como Lassalle, la Constitución de un Estado nacional es la síntesis del conjunto de pactos jurídico-políticos de una sociedad, es decir, se trata de un documento no sólo fundacional de un pacto político y social, sino, además, la materialización de un conjunto de valores, principios y mandatos, que la sociedad políticamente organizada se da a sí misma. Desde esta perspectiva –hay que decirlo– la idea de una Constitución moral resulta excesiva, en tanto que nuestra carta magna constituye desde ya un mandato no sólo jurídico-político, sino también ético, en el sentido de que se trata de la síntesis y concreción de un ethos desde el cual se aspira a construir un país de justicia, dignidad y derechos humanos para todos. 

04 de Febrero de 2019

Mañana se conmemora un año más de la promulgación de la Constitución de 1917, de la cual queda muy poco de su contenido original; lo que es reflejo de las constantes luchas internas que hemos tenido a lo largo del periodo posrevolucionario, pero al mismo tiempo, de la visión del poder, de las aspiraciones y anhelos de amplios sectores de la sociedad civil.

Tenemos, pues, en nuestra Constitución un referente claro respecto de cuáles son los retos que debemos superar a fin de lograr un Estado social de derecho pues, tal como lo señaló Jorge Carpizo, el Estado de derecho o es Estado social o no es plenamente un Estado democrático.

Desde esta óptica, debe reconocerse el diagnóstico del Ejecutivo Federal respecto del estado permanente de incumplimiento de la Constitución, dados los niveles de fractura institucional generados por la corrupción y por la utilización perversa del entramado institucional del Estado mexicano para el enriquecimiento de unos cuantos y para la protección de intereses ilegítimos a costa de la no generación de capacidades para el desarrollo y el bienestar de la población.

A pesar de lo anterior, debe reconocerse que si esa situación es de por sí compleja, lo es aún más si se considera que el diagnóstico está todavía incompleto, pues también es cierto que el entramado institucional, tal y como se encuentra, no tiene las capacidades necesarias para dar cumplimiento al espíritu del mandato constitucional contenido en el Artículo 1º en materia de derechos humanos y no discriminación, pero también en el 2º, en lo relativo a los derechos de las personas y pueblos indígenas; en el 3º, en lo que respecta a una educación de calidad; y en el 4º, en todo lo que implican los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales ahí reconocidos.

Esta realidad obliga a pensar en dos vertientes de acción: por un lado, la ya asumida por el Presidente de la República, consistente en cerrar la puerta a los actos de corrupción en las instituciones gubernamentales; y por otra parte, en un escenario de mediano plazo, iniciar un proceso de reforma de las instituciones del Estado, comenzando por la Administración Pública Federal, a fin de adecuar sus capacidades, potenciar sus recursos y mejorar sus instrumentos de coordinación, para lograr que sus acciones den cumplimiento efectivo, de manera universal, integral y progresiva a los derechos humanos, teniendo como horizonte la idea del derecho al mínimo vital, ya interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rememorar y conmemorar a la Constitución debe ser un potente motivo de convocatoria a la cohesión social; a compartir nuevamente proyectos y visión de un México justo e incluyente; de un país en el que la garantía de protección de la dignidad de las personas sea una realidad permanente y cotidiana; y de una nación que se encamina hacia una prosperidad generalizada y con transparentes criterios de justicia distributiva.

Nuestra Constitución es el principal referente de unidad e identidad nacional de que disponemos; y de su cumplimiento depende, sin duda alguna, que la justicia llegue a todos, todos los días y en todos los lugares.

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