El mes de marzo de 2017 es considerado por los analistas del tema de seguridad pública, como el más violento en lo que va de la presente administración, es decir, puede ser considerado también como uno de los más violentos en los últimos 15 años. De manera preocupante, a la lista de estados con altos niveles de violencia, se han añadido otros en donde la presencia del crimen organizado no era considerada como un foco rojo hasta hace algunos años, o incluso meses, y entre los cuales destaca emblemáticamente el estado de Guanajuato.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), muestra que la percepción ciudadana respecto de la presencia e incidencia de la delincuencia, de toda talla y laya, lejos de disminuir, se incrementa, con la característica perversa de que hay una especie de “rotación” de ciudades en el ranking de la violencia y la criminalidad, lo cual no es sino un signo de la capacidad de reubicación, movilidad y penetración de los malhechores.

Al inicio de esta administración se anunció que se pondría en marcha una nueva estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada; de su componente, considerado como estratégico, relativo a la construcción de cohesión social, poco o nada queda; mientras que la consolidación de cuerpos policiacos y la integración de una gendarmería nacional con elementos suficientes y adecuadamente capacitados y equipados, no logró una plena consolidación.

Así las cosas, la pregunta que se debe plantear es: ¿por qué han fracasado todas las estrategias de seguridad que se han implementado en las últimas tres administraciones?

Las respuestas no son lineales ni pueden ser unicausales; sin embargo, hay dos factores que sí pueden ser considerados como centrales en la explicación: la corrupción, y su correlato en el ámbito de la procuración y la administración de la justicia, la impunidad.

De acuerdo con el Inegi, las cifras negras reportadas en las distintas ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en el año 2013 la cifra negra se ubicó en 93.8%; en el año 2014 fue de 92.8% y en 2015 de 93.7 por ciento.

Esos datos muestran el enorme nivel de impunidad que persiste en el país, pues adicionalmente debe considerarse que sólo en el 62.7% de los delitos ocurridos en el año 2013 fueron denunciados ante el Ministerio Público; en el 2014 el indicador fue de 67.5%; y con una caída dramática a una denuncia de sólo 59.6% de los delitos cometidos en el 2015.

De acuerdo con el propio Inegi, alrededor del 60% de quienes no denuncian, dejan de hacerlo por causas atribuibles directamente a la autoridad, lo cual se ha constituido también como uno de los más poderosos detonantes de la impunidad en nuestro país.

En este marco, el infierno que otrora vivieran ciudades como Juárez, Tijuana y Culiacán, ha sido presenciado también en Monterrey, Veracruz, Acapulco, Matamoros, y más recientemente en Reynosa, León y prácticamente todo el corredor industrial del Bajío.

Y en esto los gobiernos estatales y municipales tienen una inmensa responsabilidad, en los que los casos de Duarte, Yarrington o del exfiscal de Nayarit, recientemente detenido en Estados Unidos, son apenas la punta del “iceberg” de peligrosas relaciones y pactos de complicidad e impunidad, que han generado más de 200 mil muertos por homicidio en los últimos 12 años, así como más de 30 mil personas desaparecidas o no localizadas.

Ninguna estrategia de seguridad pública y combate al crimen puede funcionar así, porque la cadena que va de la prevención del delito, a la procuración de la justicia, y finalmente a la impartición de la misma está fracturada, y porque la norma y signo de todas las autoridades en todos los niveles es el de la corrupción; asunto que, por lo demás, impide la consolidación de la democracia y la construcción de un verdadero Estado de bienestar.

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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