En nuestro país hay muchas agendas que son urgentes, y con el paso del tiempo, ante la inacción e ineficacia de los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, se complejizan y adquieren dimensiones mayores


Así, a las cuestiones estructurales como la violencia, la desigualdad, la pobreza y las tendencias de mortalidad evitable, se suman problemáticas que no admiten dilación. En ese sentido, el paso del huracán Willa es uno de los ejemplos que permiten prever un difícil arranque de gobierno para la administración 2018-2024. En Nayarit, varias localidades de Tuxpan quedaron, literalmente, bajo el agua y en Sinaloa las pérdidas económicas fueron igualmente mayúsculas, amén de que Jalisco y Michoacán no están exentos de afectaciones en sus territorios por las torrenciales lluvias que trajo este huracán.

Las estimaciones preliminares en Sinaloa y Nayarit son de, al menos, 200 mil viviendas dañadas; y a ellas se añaden 20 mil familias que aún requieren de apoyos para sus viviendas en la Ciudad de México, y alrededor de 300 mil más en Oaxaca y Chiapas debido a los sismos de 2017. Son cifras mayúsculas y su atención requiere de cuantiosos recursos.

No hay que olvidar que la reconstrucción nunca llegó ni a tiempo ni de forma apropiada a estas entidades; y que a pesar de que se ha avanzado en algunas comunidades, no se tiene claridad respecto del avance ni de cuántas familias requieren todavía de los apoyos públicos.

El gobierno del licenciado López Obrador iniciará, pues, con enormes presiones presupuestales y, por ello, la idea de la austeridad en el gasto público es relevante, pues ante las urgencias, no es posible seguir teniendo un gobierno con gastos ostentosos y prácticas de corrupción de escándalo, mientras que la población padece las más extremas carencias.

Pese a lo anterior, lo que no puede ocurrir es que en aras de la pretendida austeridad se recorten áreas y personal responsable de la atención de los problemas mencionados, y que debido a decisiones administrativas se llegue a paralizar lo que es necesario atender con prontitud.

En ese mismo sentido, lo que debe entenderse en la nueva administración es que no va a bastar con “reconstruir” lo que se perdió en esta temporada de lluvias, se trata antes bien de garantizar que quienes perdieron todo no estén expuestos, nuevamente, a condiciones de vulnerabilidad ante los devastadores efectos del cambio climático, los cuales, de acuerdo con los expertos, serán crecientes, al menos, en los próximos 20 años.

En un contexto de incertidumbre económica global, de una perspectiva de crecimiento del 2.4% del PIB en 2019 y, de zonas devastadas en distintas regiones, la lógica de la planeación y programación del gobierno que arranca en 2019 debe orientarse de forma adecuada a la atención de las urgencias, pero también para avanzar, simultáneamente, en las transformaciones estructurales que no pueden ser ya pospuestas.

Frente a lo anterior, la dinámica institucional sigue: el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estar aprobado en 47 días. Y entre consultas y otras discusiones públicas, se ha puesto poca atención a los criterios con los cuales se están determinando las partidas presupuestales: ¿dónde estarán los mayores recortes, dónde las reasignaciones, dónde los incrementos?

Debe entenderse en ese sentido, que el diseño de este presupuesto determinará sustancialmente las metas y objetivos que se podrán incorporar al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el cual debe presentarse, por Ley, a más tardar en mayo del siguiente año.

No está de más insistir en un asunto fundamental: el nuevo gobierno debe determinar, y muy rápido, el catálogo de asuntos urgentes en proceso; la lista de prioridades de arranque de la administración, pero, sobre todo, tiene la responsabilidad de informar a la ciudadanía cuál es la nueva visión y el marco de referencia de la nueva lógica de su toma de decisiones. Sobre eso, a un mes de iniciar, todavía tenemos muy poco.

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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