Uno de los pilares del Estado, que mayor cohesión e identidad social puede generar, es un potente sistema público de salud. Construirlo, pero sobre todo, darle viabilidad administrativa y financiera en el largo plazo, requiere de una estrategia de financiamiento y de desarrollo institucional capaz de garantizar cobertura universal, servicios de calidad y acceso oportuno a medicamentos.


El cambio de administración ha generado importantes niveles de incertidumbre respecto de cuál es la visión en torno al sistema de salud. Más allá de que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se buscará la cobertura universal de los servicios públicos de salud, el primer año de gobierno destinó menos recursos. Y en el año 2018 ya se habían reducido también, en términos reales, respecto del 2017.

En fechas recientes, la crisis más visible ha sido la relativa a la escasez de medicamentos en hospitales públicos. En ese escenario, lo más preocupante es quizá la insuficiencia de fármacos para atender los padecimientos, de todo tipo, de niñas y niños.

SE DEBEN DEFINIR PRIORIDADES

Gobernar, debe recordarse, implica definir prioridades desde las cuales se toman las decisiones de política pública. En ese sentido, el Gobierno de la República ha decidido que, en esta administración, la mayor cantidad de recursos para lo social se asignarán de manera directa a la población. Particularmente a dos grupos específicos: personas adultas mayores y población joven, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. También al nuevo esquema de becas a estudiantes de escuelas públicas.

Pese a ello, y pese a los ahorros que se enlistaron el día de ayer en el Primer Informe de Gobierno, del Ejecutivo Federal, aún no queda claro si para el Sector Salud se destinarán mayores recursos. Y si estos recursos serán, en términos absolutos y como proporción del Producto Interno Bruto Nacional, para subsanar los enormes rezagos que lo caracterizaban en administraciones previas.

Es cierto que hubo enormes e inaceptables actos de corrupción. Como dijo el presidente en su Primer Informe, su plan general es acabar con la corrupción y la impunidad. Éste no será suficiente para aliviar los rezagos y para mejorar significativamente al sistema nacional de salud.

La felicidad de la gente, objetivo que dice perseguir la presidencia de la República, no puede darse en medio de la enorme crisis de salud y las emergencias epidemiológicas que están diezmando a la población. Es urgente hacer mucho más para reducir la crisis de diabetes, de enfermedades del corazón. Actuar ante la epidemia de violencia expresada en la infame cantidad de asesinatos que se cometen todos los días. Hacer algo frente a la crisis de desesperanza que se cifra en la creciente cantidad de suicidios e intentos de suicidio.

GARANTIZAR LA SALUD DE LOS NIÑOS ES PRIMERO

En medio de todo esto, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificó su tesis Jurisprudencial en materia del Principio del Interés Superior de la Niñez. El cual, al ser interpretado en el contexto del sistema de salud, implicaría garantizar el máximo nivel de disfrute de la salud para todas las niñas y niños.

Esto implicaría garantizar el derecho de prioridad en todas las decisiones del Estado, a favor de las niñas y los niños, y eso debería llevar a una revisión de todo el sistema y sus protocolos. Ninguna niña o niño debería enfrentar la escasez de ningún tipo de medicamentos. No deben estar desprotegidos cuando enferman, desde una gripe, hasta la terrible realidad del cáncer.

Un auténtico Estado de bienestar, que redistribuye de manera eficaz y justa la riqueza, no puede obviar un poderoso sistema público de salud. Con cobertura de todos los padecimientos, y con disponibilidad de medicamentos para atender todos los padecimientos de la gente.

El bienestar del cuerpo y del alma, como ha dicho el presidente, no puede existir si hay enfermedad y muerte evitable. Si todos los días escuchamos dolorosas historias de muertes innecesarias, de muertes que nunca debieron ser. Con ello, el Estado ha permanecido en deuda desde hace muchas décadas; y por eso es hora de que esta deuda quede saldada.

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