El Capítulo Primero del Título Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se titula: “De la soberanía nacional y de la forma de gobierno”. En consecuencia, su artículo 39 establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Si bien es cierto que la Constitución es un corpus integral en el que cada uno de sus artículos tiene un valor relevante, también lo es que el artículo 39 sintetiza la decisión política que fundamenta al Estado y su régimen soberano, es decir, la capacidad de regirse a sí mismo con plena independencia de otros Estados, también soberanos.

Desde esta perspectiva es importante destacar la segunda línea del citado artículo: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Su relevancia radica, a la luz del contenido de la Constitución, en que ninguna acción u omisión de las autoridades del Estado pueden ir en contra del interés general de sus gobernados.

Si el artículo 39 se piensa además a la luz del artículo primero de la propia Constitución, su alcance es todavía de un mayor calibre, pues la idea de que el gobierno se instituye para el beneficio del pueblo tiene un mandato específico, en cuanto a contenido y también con base en un conjunto de principios rectores irrenunciables para toda autoridad estatal.

Para nuestro país, el tema de la soberanía nacional tiene una raíz histórica mayor: en el siglo XIX sufrimos dos invasiones extranjeras y todavía en el siglo XX se dio una intervención norteamericana, amén de las constantes injerencias o intentos de injerencia del propio gobierno norteamericano, como en el caso del golpe de Estado perpetrado contra el presidente Madero.

Así que el tema no es menor y el gobierno de la República debería saberlo, sobre todo ahora que estamos enfrentando las constantes y abiertas agresiones del presidente Donald Trump. Por ello fue la indignación nacional cuando se le invitó, siendo aún candidato, y por ello la incomprensión por los continuos intentos de mantener una línea de comunicación “a modo” y bajo las condiciones del presidente norteamericano.

Por esto, resulta reduccionista creer que lo que está en juego es el Tratado de Libre Comercio. Lo que está en la mesa es la idea del gobierno norteamericano de “doblar” al gobierno mexicano y eso hay que entenderlo como una franca amenaza a la soberanía de nuestro país.

Esta semana se cumplen 104 años desde que ocurrió la “Decena Trágica” y al parecer no hemos comprendido a cabalidad aquella frase que advierte: “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”, y en esta ocasión el escenario nos reitera que esos intereses son muy distintos a los nuestros y, todavía peor, que ahora la retórica oficial de allá ha enfocado a nuestro país como la causa de sus peores males y dilemas.

Sostener que la defensa del interés y la soberanía nacional no es una frase hueca: se trata de un mandato constitucional, en congruencia con lo que ha ocurrido históricamente, porque las intervenciones extranjeras nos han llegado en los momentos de mayor división y debilidad interna.

Por ello, el país debe volcarse sí a la unidad nacional, pero en torno a objetivos claros de corto y mediano plazo: reducir las ofensivas desigualdades, reducir los vergonzosos niveles de pobreza y rezago social, abatir la violencia y la criminalidad, extirpar la corrupción y rediseñar el modelo económico para volver a crecer, pero en esta ocasión hacerlo con equidad.

Defender la soberanía nacional significa, pues, ponerse del lado de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social. Porque sólo así tendremos una oportunidad real de contener, en su agresiva ofensiva contra México, al todavía país más poderoso del mundo.

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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