El cumplimiento, garantía y protección de los derechos humanos no puede ser sometido jamás a consulta. Proponerlo es teórica y constitucionalmente inconsistente. Lo primero, porque, conceptualmente hablando, los derechos humanos son inherentes a toda persona; no son ni renunciables ni prescriptibles ni alienables. Somos portadores de ellos desde que nacemos y hasta el momento en que morimos.

Lo segundo, porque la Constitución establece en el Artículo 1º que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

El Presidente de la República ha sostenido en distintos foros que su intención es hacer historia; conducir al país hacia lo que él denomina como la Cuarta Transformación, lo cual implicaría refundar al Estado mexicano, y eso significa no sólo acabar con la corrupción, sino construir un auténtico Estado democrático de derecho, pero con la precisión hecha en su momento por Jorge Carpizo: la democracia o es social, o no es democracia.

Un Estado social de derecho se dice rápido, pero su edificación requiere de dos pilares fundamentales: reducir la desigualdad y erradicar la pobreza.

Lo primero exige una nueva fiscalidad que, en nuestro contexto, no puede darse sin una profunda reforma hacendaria y una reforma fiscal integral, es decir, se tiene que revisar a profundidad la Ley de Coordinación Fiscal y, al mismo tiempo, generar una nueva lógica recaudatoria auténticamente progresiva, que tenga como correlato una nueva lógica presupuestaria auténticamente redistributiva.

Un nuevo Estado de bienestar no lo será de verdad si no se garantiza el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, y esto no sólo en materia de ingreso, acceso a servicios públicos o a programas de acciones afirmativas, sino también en materia de derechos sexuales y reproductivos, los cuales hoy se encuentran bajo el embate de fuerzas conservadoras que militan y tienen cargos de representación popular, sobre todo ahora en el partido del Presidente.

En la transformación que se ha propuesto, debe tenerse mucho cuidado de no retroceder en materia de libertades públicas y garantía de los derechos humanos, porque abrir la discusión pública en materias en donde se ha conseguido vencer resistencias y oposiciones puede generar retrocesos inaceptables. Es de las puertas que no deben abrirse y es el catálogo en el cual el Presidente no debe hacer excepciones.

Desde esta perspectiva, el gobierno federal debe avanzar hacia la transformación de los marcos jurídicos que los gobiernos, fundamentalmente del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en varios estados de la República, han avanzado “por la puerta trasera”, hacia la cancelación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, de hecho, las han criminalizado por ejercer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo.

A pesar de los avances, falta mucho por hacer para erradicar la discriminación, para garantizar plenamente el principio del interés superior de la niñez, para erradicar los estereotipos contra las mujeres, pero también los que pesan en contra de las personas no heterosexuales, para garantizar los derechos de las personas indígenas y de las personas con discapacidad.

La democracia, aun en los modelos de más amplia participación, reserva para el gobernante la capacidad de decidir, pues se delega en él la confianza para tomar decisiones que pueden incluso ir en contra de la voluntad y opinión de la mayoría, cuando de garantizar los derechos humanos de grupos minoritarios se refiere.

Hacer historia implica defender y proteger las conquistas sociales que hemos tenido en nuestro país y, de hecho, radicalizar y llevar hasta sus últimas consecuencias el mandato constitucional en materia de derechos humanos, y particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Hacer historia exige comprender que, como lo han señalado grandes pensadores, el bienestar sin libertad es una quimera y la libertad sin bienestar es una falacia.

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