Se ha impuesto en nuestro país, duele reconocerlo, una perniciosa cultura de ilegalidad; la transa se convirtió en la moneda de uso corriente en prácticamente todos los espacios institucionales y en todos los órdenes de gobierno.

 

Así, al contrario de cumplir con su tarea de poner en práctica todo el tiempo una pedagogía democrática, el Estado se convirtió en el mayor “normalizador” de la violación permanente de la ley y de la vigencia de la ilegalidad como uso y costumbre. Jacqueline Peschard sostiene que la corrupción es un problema sistémico; y si esto es así, entonces lo que debe decirse simultáneamente es que la fractura del Estado de derecho es sistémica; por lo que, sin abatirla, será, prácticamente, imposible construir un nuevo Estado de bienestar garante de los derechos humanos, pues también, justo como lo afirmaba Jorge Carpizo, “El Estado de derecho, o es Estado de bienestar o no es Estado de derecho”.

Las aterradoras imágenes que se han difundido en diversos momentos, en los que se aparentemente se observa a activos de las Fuerzas Armadas torturando, llevando a cabo cateos y detenciones ilegales; y el más reciente, en el instante monstruoso en que se lleva a cabo una ejecución extra judicial, nos muestran el nivel de violencia y la profundización de la cultura sádica y de maldad que se ha impuesto como regla y norma.

A lo anterior se suman las incontables denuncias por violaciones a los derechos humanos interpuestas ante la actuación de las corporaciones policiacas, que van desde la Policía Federal, pasando por las policías ministeriales, tanto en el nivel federal como en el estatal; así como  la fractura estructural por la que atraviesan desde hace décadas las policías municipales.

Ante la idea de que en nuestra sociedad “algo va mal”; lo que es posible sostener es que algo se quebró; y eso que está fracturado es la noción de que lo ilegal es reprochable y que es inaceptable ponerse del lado de la criminalidad; situación a la que sin duda ha abonado con creces la infinita impunidad y la evidencia cotidiana relativa a que delinquir difícilmente tendrá consecuencias.

Frente a ello, las condiciones estructurales de la economía nacional poco ayudan a revertir la situación; pues en efecto, es difícil evitar en ciertas comunidades que los jóvenes prefieran pasarse a las “filas de la delincuencia”, cuando el salario laboral promedio de sus padres no supera los mil 800 pesos mensuales; y cuando la oferta que les hacen los criminales para convertirse en sicarios o empleados de la mafia, puede ser de 12 mil pesos al mes, o más.

Lo urgente para México es construir un profundo cambio cultural que nos lleve a considerar, de manera generalizada, que la criminalidad es detestable en sí misma; que la corrupción es intolerable; y que, por otro lado, permita que una nueva generación de políticos asuma como principio profesional y de vida, que el servicio público tiene como sentido mayor servir a los demás y no, como ocurre ahora, que es el espacio privilegiado para el enriquecimiento ilícito, así como para la vida frívola y superficial.

Hay que provocar un quiebre: no puede ser que sólo 8 de cada 100 delitos sean denunciados; no puede ser que los salarios promedio del país no permitan escapar de la pobreza; es intolerable que cuatro familias acumulen el 10% de la riqueza nacional, y, por supuesto, es moralmente reprochable que más de 50 millones de personas vivan en pobreza.

Transformar esta realidad implica un profundo cambio cultural; y lo que preocupa más todavía es no tener claridad respecto de qué se está haciendo para avanzar en ese sentido; y todavía más: que lograr que una nueva política de cambio cultural hacia la paz y los derechos humanos nos tomará al menos una o dos generaciones, y que es impostergable, en estos tiempos nublados, como les llamaría Octavio Paz, dar de una vez por todas, el primer paso para lograrla.

 

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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