Ayer se conmemoró el Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establecen tres cuestiones fundamentales: 1) que somos una República Federal, y que nuestro régimen de gobierno es el democrático; 2) se establece la división de Poderes y; 3) se reconocen los derechos humanos, tanto los establecidos en la propia Carta Magna, como en los tratados internacionales ratificados por el Estado.

De acuerdo con los expertos, el número de reformas que se han realizado al texto constitucional alcanza ya las 700; una cifra verdaderamente elevada, siendo el periodo sexenal en que estamos en el cual se ha llevado el mayor número de cambios, propuestos por el Ejecutivo, pero también en gran medida por el Congreso de la Unión, destacando casos en los que algunas iniciativas se han construido con base en la propuesta y movilización de la sociedad civil.

Frente a esta realidad, varios expertos argumentan que se ha exagerado en el número y sentido de las reformas practicadas a la Constitución; provocando un crecimiento injustificado en su extensión, pero también en su estructura y terminología, lo que ha llevado a una incomprensión generalizada del texto constitucional para la mayoría de la población.

Lo ideal, de acuerdo con constitucionalistas como Diego Valadés, la ex Ministra Olga Sánchez Cordero y Miguel Carbonell, sería contar con una Constitución fácil de ser apropiada por la ciudadanía, en el ánimo de asumirla como un proyecto compartido por todos, y digno de ser defendido.

Las encuestas disponibles en la materia muestran que menos de la tercera parte de la población conoce los derechos reconocidos en la Constitución; por el contrario, la mayoría asume que lo contenido en la Constitución le dice poco respecto de su vida cotidiana, por lo que no la asumen como un documento rector de nuestra vida colectiva.

Debe destacarse que ha habido dos tipos de reformas. Por un lado, se encuentran aquellas en las que se ha conseguido ampliar el conjunto de derechos y libertades reconocidas en el texto constitucional. Pero también las ha habido, para facilitar la actuación de grupos que actúan en contra del interés nacional.

Es decir, modificar la Constitución implica también alterar las relaciones de poder, pues en ella se han sintetizado las distintas visiones de país que han tenido los grupos que han tenido el privilegio de servir al país, y que en muchos casos, le han dado la espalda a esa oportunidad de servir cabalmente a la ciudadanía que les eligió.

Llegamos al Centenario de la Constitución y, de manera lamentable, perdimos, al igual que en el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia Nacional, la oportunidad histórica de renovar nuestro pacto social y trazar una decidida ruta de reformas con el objetivo central de construir un México de derechos humanos, plenas libertades y bienestar generalizado.

Ante los grupos que desearían eliminar de la Constitución la laicidad del Estado, el carácter pluricultural de la nación mexicana, la libertad sexual, la libertad de expresión, la propiedad colectiva, el carácter público y laico de la educación, y en general, un Estado social de derecho, lo que debemos hacer es poner en marcha un proceso de verdadera democratización de las instituciones, para robustecer su legitimidad y, con base en ella, llevar a cabo el necesario proceso de reordenación de nuestra carta magna.

La pregunta a responder es: ¿cómo logramos que la Constitución se convierta de un documento engorroso, ilegible e incomprensible para la mayoría de la población, en un texto-guía del devenir nacional, en el cual todos nos veamos reflejados en nuestras aspiraciones, y con base en el cual tengamos la oportunidad y la posibilidad efectiva de acceder a todas las esferas de la justicia.

La Constitución debe convertirse en un texto vivo, que nos permita a todos vivir en civilidad, fraternidad y libertad.

 

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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