El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial. Para México la fecha debe ser siempre un motivo de reflexión, pero más aún de acción, con la finalidad de erradicar todas las formas de discriminación, racismo y otras formas conexas de intolerancia.

 

Las condiciones en las que viven las personas indígenas son oprobiosas y no podrían explicarse sin el pernicioso elemento del racismo y de la discriminación ejercida por motivos de pertenencia cultural o étnica a alguno de los más de 60 pueblos originarios que perviven en nuestro país.

Se encuentran además otros grupos de población tremendamente invisibilizados: quizá el conjunto mayoritario en esta condición es el de las personas afrodescendientes, quienes, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, 2015, sumarían 1.38 millones de personas localizadas en diversas entidades de la república.

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México son los estados en donde se registran los mayores porcentajes de personas que se asumen parte de una historia y herencia africana.

En ese sentido, precisar que cuando, desde distintos espacios, se exige que México debe ser un país capaz de crecer para la equidad, lo que se está sosteniendo es que el crecimiento económico y, en general, el modelo de desarrollo no pueden permitir más que haya personas excluidas, esencialmente a quienes se les niega el cumplimiento universal de sus derechos humanos en razón de su pertenencia o autoadscripción étnica o cultural.

La lucha contra la discriminación requiere también, en esa lógica, ser reconocida como uno de los principales ejes de la política económica y social. No podemos continuar dándonos el lujo de diseñar presupuestos en los que se olvida a los marginados de siempre, y en los que no se incluyen medidas especiales para resarcir la discriminación y exclusión histórica de la que han sido víctimas cientos de millones de personas, desde la Colonia hasta nuestros días.

Desde esta perspectiva, hace falta un ejercicio de honestidad al interior de los países en los cuales las poblaciones aborígenes han sido marginadas, excluidas, desplazadas y depauperadas hasta niveles de plena infamia, así como en la Conferencia Mundial contra el Racismo, llevada a cabo en Durban, en 2001, en la que los países colonialistas pidieron perdón y reconocieron el daño histórico generado a través de siglos de explotación y expoliación de las naciones colonializadas,

Lo deseable sería entonces que, por primera vez, el Estado mexicano, a través de una comisión representativa de los tres poderes de la unión, pidiera perdón a los pueblos indígenas, y a partir de esa declaratoria, abrir el debate nacional para la construcción de una nueva relación con las naciones originarias.

En ese ejercicio posible, la ratificación de los Acuerdos de San Andrés y su concreción en el marco jurídico y en el sistema de políticas públicas sería un buen comienzo, así como la construcción de una comisión con la más amplia representatividad posible, que se plantee como meta construir, rumbo a 2018, la plataforma de acción para la justicia y la dignidad de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

No podemos seguir siendo una “potencia económica global”, y simultáneamente someter a los pueblos originarios a las más oprobiosas condiciones de desigualdad y segregación. Tampoco podemos seguir siendo una de las economías más dinámicas del planeta, y al mismo tiempo asumir que entre las personas hablantes de lenguas indígenas sólo 4 de cada 100 viven en condiciones adecuadas de bienestar.

La hora de la igualdad -propuesta cepalina-, debe tener como punto de partida un modelo de desarrollo sin discriminación, y sostenible ambientalmente hablando. Ambas cuestiones van de la mano y, en el fondo, ambos temas nos confrontan con nuestros mayores rezagos, no solo sociales, sino éticos: reconciliarnos con la historia y replantearnos un futuro de derechos humanos y bienestar universal.

 

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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