Excélsior, 15 de junio de 2015

La semana pasada México dio un nuevo paso a favor de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por fin se dio la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima legal de acceso al trabajo, lo cual se había venido postergando desde la década de los 70. El asunto es mayor, se trata de elevar la edad de 14 a 15 años como la edad mínima que debe tener una niña o niño para incorporarse a actividades productivas, en el supuesto de que éstas no ponen en riesgo su integridad física, emocional o sicológica; es decir, que no atentan en contra del libre desarrollo de su personalidad.

Lo anterior traerá como una consecuencia probable que la tasa de desocupación descienda, por efecto aritmético, pero no como resultado de un mejor desempeño económico del país, pues al haber “menos población disponible” para trabajar, el efecto en el número y proporción de desocupados será relevante.

Independientemente de este tipo de “juegos estadísticos”, lo que se hace evidente es la urgencia de modificar el modelo de desarrollo que tenemos, pues con el ritmo de crecimiento que tenemos, pero también con los criterios y precarios mecanismos de distribución de la riqueza que se mantienen, no están generándose los empleos requeridos ni tampoco con la “calidad” en términos de salarios y acceso a la seguridad social definidos en la Constitución. Por el contrario, lo que tenemos es un salario que se deteriora cada vez más, hecho evidenciado trimestre tras trimestre mediante el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que elabora el Coneval.

Asimismo, lo que se revela con esta medida es la estructura de un modelo de desarrollo que sigue sustentándose en numerosas regiones y sectores, pero principalmente en el ámbito rural, en la explotación intensiva de la mano de obra, tanto de las personas adultas como de las niñas, niños y adolescentes que les acompañan en los procesos de migración cíclica en que participan siguiendo estacionalmente las rutas y lógica de la producción para la exportación.

En el fondo, el mensaje que debería asumirse mediante la tardía, pero evidentemente necesaria ratificación de este Convenio, es que no se trata de evitar que a las niñas y niños se les explote poco o mucho, sino que no debería jamás permitirse su admisión en cualquier empleo, sea de la naturaleza que sea, antes de haber cumplido los 15 años de edad, que es la edad que coincide, como mandata el Convenio, con la culminación del ciclo de educación básica.

En ese sentido, una visión de profunda justicia social debería imponerse a fin de construir un nuevo modelo de desarrollo que, con base en la responsabilidad sin límites con los demás, permitiera elevar, en consecuencia con el espíritu del artículo primero constitucional, la edad mínima de acceso en el empleo a los 18 años; es decir, una vez concluido el bachillerato.

Se trataría de una medida de justicia social elemental, pero para la cual sería necesario un curso de desarrollo centrado en la generación de empleos dignos; en una estructura fiscal equitativa en la cual paguen más quienes más ganan; en un sistema educativo de calidad y de cobertura universal al menos hasta el bachillerato; y en un sistema de protección social que además de salud, pueda garantizar los derechos a la alimentación, así como el acceso a bienes y servicios sociales oportunos y de calidad.

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http://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2015/06/15.pnghttp://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2015/06/15-150x150.pngMario Luis FuentesExcélsiorExcélsior, 15 de junio de 2015 La semana pasada México dio un nuevo paso a favor de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por fin se dio la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima legal de acceso...Integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y Titular de la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" de la UNAM. Director General del CEIDAS, AC; Director de la Revista México Social, y Conductor del programa México Social, que se transmite todos los martes a las 10  pm por Canal Once.