Esta administración federal inició en 2012 con dos perspectivas que, en lo social, eran promisorias: a) por primera vez en la historia reciente del país, se asumió que el hambre era el gran problema a resolver y b) el Ejecutivo Federal utilizó su primera iniciativa preferente para proponer la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En 2015, los datos que presentó el Inegi, a través de la Encuesta Intercensal, muestran que el reto sigue ahí y que en este sexenio también van a dejarse saldos muy importantes.

En efecto, las implicaciones éticas, sociales, económicas y hasta culturales en torno a la prevalencia del hambre son inmensas. Estos son los datos: en 19.25 millones de hogares hay niñas, niños o adolescentes. De ese total, en 3.71 millones “algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos”, en 2.73 millones “algún menor comió menos de lo que debería comer”, en 2.75 millones “a algún menor se le tuvo que servir menos comida”, en 1.42 millones “algún menor sintió hambre, pero no comió”, en 1.24 millones “algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día” y en 1.27 millones de hogares “algún menor se tuvo que acostar con hambre”.

El tema del hambre es sin duda especialmente sensible cuando se habla de niñas y niños pues, como se observa en las cifras, habría al menos 3.71 millones de ellos que viven importantes deficiencias nutrimentales; lo cual contrasta además con el dato de la ENSANUT, respecto del incremento de la prevalencia de obesidad y sobrepeso en ese grupo de población.

Las contradicciones apuntan también al hecho de que, siendo la 14ª economía planetaria, tengamos tales niveles de pobreza y carencia social, y tales niveles de incumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y frente a ello, quizá lo más preocupante sea que, incluso en el discurso oficial, ambas agendas fueron abandonadas.

El problema de la hambruna, nos alertaba el filósofo Heidegger, no es sólo que mueran millones a causa de la falta de alimentos sino, ante todo, que quienes sobreviven lo hagan sólo para seguir comiendo. Como puede verse, la sentencia del filósofo nos alerta de la cuestión profunda de esta catástrofe: lo que está en juego es la pertinencia histórica de nuestro modelo civilizatorio, y eso no se resuelve simplemente con mejores políticas públicas, cuya construcción e implementación serían ya en sí mismas un reto mayor.

Lo que debe comprenderse es que la ruta por la que estamos transitando no tiene futuro ético posible. Hasta ahora, hemos hecho casi caso omiso a todas las señales de alerta sobre las funestas consecuencias que tendrá el cambio climático en las regiones más pobres del planeta; y ello es parte sustantiva de la problemática del hambre de hoy.

La preparación del cierre de la administración debe ser una oportunidad para integrar las lecciones aprendidas e informar con responsabilidad al gobierno que habrá de elegirse el próximo año, y con ello intentar que se evite caer en los mismos errores y fallas en esta materia.

Tenemos, hay que insistir, 80 semanas de trabajo efectivo de cara al inicio de la próxima administración, y ello obliga a actuar con responsabilidad para generar un fructífero diálogo nacional en torno a los temas más urgentes de la cuestión social: erradicación del hambre, reducción acelerada de la pobreza, y quiebre de las perversas estructuras que permiten la reproducción de las desigualdades y la profundización de las brechas sociales.

La ONU nos alertó la semana de una nueva hambruna en África, que tiene al borde de la muerte a 20 millones de personas. Se trata del mismo problema, del que nos separa sólo una porción de tierra, pero que en el fondo nos muestra la vileza de la primacía de la lógica de los codiciosos.

 

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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