Excélsior, 11 de enero de 2016

A México le urge realizar grandes hazañas. En medio del escenario de incertidumbre internacional, y ante la falta de crecimiento, generación de empleos y acceso al bienestar de la mayoría, incluso, la recaptura del delincuente más buscado de la Tierra es vista como un asunto relevante, pero plenamente insuficiente para restituir la confianza en el gobierno; mientras que en el extremo opuesto ha sido asumida como un distractor o un montaje público, entre los sectores más críticos de la Presidencia. Las grandes hazañas que requerimos, debe entenderse, son de corte social. Y para lograrlas se requiere de un replanteamiento de la visión de gobierno y, en consecuencia, de la visión del desarrollo que se tiene.

Desde esta perspectiva, si algo hemos aprendido en los últimos 20 años es que el crecimiento económico, sin una estrategia de fortalecimiento del Estado social de derecho, puede derivar en aún mayores desigualdades y contradicciones, tanto en lo político, como en lo social y en lo económico.

Se creía hasta hace poco que teníamos los diagnósticos apropiados para todos nuestros problemas y, ante ellos, lo que hacía falta era implementar reformas y más políticas en la línea impuesta desde la década de los 90. La realidad nos muestra que tal idea era errónea y que hoy más que nunca hace falta replantear las preguntas y en ese sentido —y sobre la marcha— modificar el rumbo que tiene el Estado nacional.

En esa lógica, algunas de las preguntas que debemos replantearnos constantemente es qué país queremos ser; qué país estamos dispuestos a construir en el largo plazo; y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo.

Las respuestas no son sencillas; empero, el contenido del artículo 1º constitucional traza una ruta tanto clara como ineludible: convertirnos en un país garante de los derechos humanos. Y en ese tenor, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) se alinean en buena medida: construir un país donde vivir con dignidad sea posible; donde la igualdad sea una constante y donde mitigar y revertir el deterioro ecológico sea una constante.

Estos objetivos deberían llevar a la revisión de las metas gubernamentales, en todos los órdenes y niveles, para los próximos 35 meses. ¿Por qué no, por ejemplo, plantear coberturas de 100% en salud y educación, al menos, hasta la educación media superior; y ampliar a 60% la cobertura en educación superior? Lograrlo requeriría modificar radicalmente las prioridades de inversión, pero mediante un ejercicio inteligente de diálogo y acuerdo políticos es posible.

¿Por qué no plantearnos reducir en 20% el número de pobres de aquí a 2018, mediante una agresiva estrategia de inversión productiva pública, dinamización del mercado interno y generación acelerada de empleos dignos? Esto implicaría disminuir anualmente en 3.5 millones el número de personas en pobreza, cifra que apenas sería suficiente para poner al país en ruta de cumplir los ODS en las metas planteadas al 2030.

¿Por qué no asumir una política fiscal realmente progresiva y avanzar hacia una nueva reforma que sea capaz de gravar a la propiedad y la riqueza en general? Con base en ello podrían potenciarse los instrumentos de redistribución de ingreso con que aún contamos, como lo son los organismos de seguridad social, lo que bien podría dar pie a la construcción del tan anhelado sistema universal de seguridad social.

La Presidencia de la República se enfrenta a una coyuntura del mayor calado imaginable: puede optarse por “salvar la administración”, y mantener los medianos resultados que se han conseguido hasta ahora mediante el fortalecimiento de las acciones en que mayores avances se tienen; la otra opción es asumir con valentía que lo urgente es rescatar social y económicamente al país (en ese orden); y se da el giro radical que se requiere para tal fin.

El presidente Peña ha dado signos de ser un hombre que tiene capacidad de decisión y sobre todo, de asumir medidas audaces; ojalá que en este tema también lo sea.

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