El reconocimiento de los derechos humanos y su garantía plena no constituyen elementos accesorios a una democracia; ni tampoco podrían asumirse como “algunos de sus pilares”. Constituyen, en esencia, su fundamento y posibilidad, pues sólo mediante su cumplimiento universal una democracia tiene posibilidades de arraigarse y pervivir en el largo plazo 

 

En efecto, según el Latinobarómetro, los mayores cuestionamientos a la democracia se encuentran en los países en los que se conjuntan varios factores: corrupción, violencia, impunidad, pobreza y desigualdad. Por ello, constituye un error asumir que los derechos humanos son únicamente los derechos políticos y civiles, y no, en el mismo nivel de importancia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Desde esta perspectiva, si algo ha provocado una profunda erosión de la legitimidad democrática de los gobiernos y, en general, de todas las instituciones públicas, es su incapacidad de garantizar el conjunto de derechos humanos establecidos en sus constituciones, lo que ha llevado a un profundo déficit de estatalidad en países como México, en donde el entramado institucional dista mucho de estar en condiciones de cumplir con el conjunto de mandatos establecidos en nuestra Carta Magna.

Pensado de este modo, si de verdad se quiere construir un régimen democrático con plena legitimidad política, se requiere ya no sólo ganar legalmente el voto ciudadano, sino, también, una vez en el gobierno o en el Congreso de la Unión, desarrollar todas sus acciones centradas en el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos.

Un gobierno eficaz, debe entenderse, es aquél que no sólo gasta con base en la normatividad y en los criterios reglamentarios hoy vigentes; por el contrario, lo será el que consiga implementar las reformas necesarias para la reconstrucción de un nuevo Estado de bienestar, pues, como lo diría Jorge Carpizo, el Estado democrático o es de bienestar o no es democrático.

Hasta ahora, rumbo al debate que habrá de darse en las campañas de 2018, ninguno de los precandidatos ha hecho un planteamiento claro sobre cuál es su propuesta para dar cumplimiento al mandato constitucional. Lo único que se ha escuchado es que se quiere hacer de México un país justo y generoso por un lado y, por el otro, llevar al país a convertirse en una potencia.

Pero ninguna de las dos cosas podrá concretarse sin un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo capaz de orientar toda la acción pública, en los tres órdenes de gobierno, hacia el cumplimiento de los derechos humanos. Además de ser capaz de incorporar como ejes estratégicos los Objetivos del Desarrollo Sustentable, a fin de avanzar significativamente hacia las metas trazadas por la comunidad internacional hacia el año 2030.

Construir un nuevo Estado de bienestar requiere, además de una renovada fortaleza fiscal del Estado, que permita a su vez incrementar la inversión pública productiva y, hasta ahora, todos los precandidatos han dicho que no cobrarán más impuestos; peor aún, no se han pronunciado siquiera por una reforma fiscal que le dé progresividad a nuestro sistema y que permita redistribuir para reducir las brechas que persisten y que se han documentado una vez más por el Coneval esta semana, a través de la medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal.

La legitimidad de quien llegue a la Presidencia de la República en 2018 no podrá afianzarse sin construir un sistema educativo nacional, gratuito y de calidad, con acceso universal desde el preescolar hasta la universidad. Y para llegar a esa meta falta mucho. Lo mismo puede afirmarse si, paralelamente, no se construye un nuevo sistema universal de seguridad social, que, además de dar cobertura en salud, cumpla con un objetivo redistributivo de la riqueza.

Para las democracias contemporáneas, la legitimidad debe ser entendida y leída en clave de derechos humanos, y enfáticamente de equidad, protección del interés superior de la niñez, no discriminación, paz social, acceso a la justicia e igualdad entre mujeres y hombres.

email
http://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2017/12/Constiutucion-de-1917.jpghttp://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2017/12/Constiutucion-de-1917-150x150.jpgMario Luis FuentesExcélsiorEl reconocimiento de los derechos humanos y su garantía plena no constituyen elementos accesorios a una democracia; ni tampoco podrían asumirse como “algunos de sus pilares”. Constituyen, en esencia, su fundamento y posibilidad, pues sólo mediante su cumplimiento universal una democracia tiene posibilidades de arraigarse y pervivir en el...Integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y Titular de la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" de la UNAM. Director General del CEIDAS, AC; Director de la Revista México Social, y Conductor del programa México Social, que se transmite todos los martes a las 10  pm por Canal Once.