La estructura, modalidades y dinámicas de los hogares tienen una relación compleja y de mutua determinación con respecto a la estructura, modalidades y tipos de relaciones sociales, en lo general. Por un lado, la estructura del mercado obliga a los hogares a tomar decisiones y a establecer arreglos sobre cómo participar, por ejemplo, en el mercado laboral, pero también es la propia dinámica de los hogares la que da sustento a un modo de funcionamiento económico; y esto no siempre con criterios de equidad o justicia distributiva 

En México, nos dice el Inegi a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIIREH, 2016), hay 33 millones de viviendas en las que habitan los hogares del país, con la característica de que, en 32 millones de ellas habita un hogar por vivienda; y en 991 mil habitan dos hogares o más.
Ese solo dato nos habla de la compleja dinámica de relaciones al interior de los hogares, pues lo común es que, en las viviendas en las que habitan más hogares, son aquellas en que se presenta, en primer lugar, un mayor hacinamiento y, con éste, una serie de dinámicas de mayor violencia, insuficiencia de servicios y reducción de la calidad de vida.
En esas viviendas habitamos casi 123 millones de personas; de las cuales 62.72 millones son mujeres y, entre ellas, 31.34 millones tienen 29 años de edad o menos, siendo el segmento más numeroso el de los diez a los 19, en el cual hay 11.3 millones de niñas y adolescentes; estando en segundo lugar el de las niñas menores de diez años, quienes suman 10.26 millones.
En evidencia, cada una de ellas es relevante; pero en términos de diseño de gobierno y política pública, es en esos dos grupos de edad en los que se cifra el futuro del país, pues lo que hagamos o no para garantizar sus derechos será crucial para lograr modificaciones sustantivas en las condiciones generales de vida en el país.
Lograr una transformación estructural para México implicaría, sólo pensando en estos dos segmentos etarios, al menos lo siguiente:
1. Plena garantía del derecho a una educación de calidad, pues, sin ella, su futuro profesional y laboral estará comprometido. Hasta ahora se han logrado algunos avances: la mitad de las mujeres de 15 años y más han logrado acceder a algún grado de bachillerato o de educación superior; pero es sólo eso, la mitad, cuando la meta debería ser, cumpliendo con lo que establece la Constitución, nada menos que el 100% de cobertura y asistencia al bachillerato.
2. Plena garantía del derecho a la salud; y ello implica desde el combate decidido a la pandemia de obesidad y sobrepeso, pasando por cuestiones como la prevención de la violencia y los accidentes, hasta el pleno cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y generar un quiebre en la peligrosa tendencia de embarazos adolescentes que tenemos en el país.
3. Plena garantía de sus derechos económicos: de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, sólo 33 millones han trabajado alguna vez en la vida; y únicamente 20 millones trabajaron en los últimos 12 meses.
Lo anterior se vincula con el hecho de que, en la inmensa mayoría de casos, son las mujeres quienes absorben la mayor parte de los quehaceres domésticos no remunerados: 31.8 millones de mujeres declaran que sólo las mujeres realizan esas actividades en sus hogares; 2.4 millones declaran que sólo ellas se dedican al cuidado de sus enfermos; y 21.7 millones hacen solas las compras o trámites para el hogar.
No hay que ir muy lejos en el análisis para llegar a la conclusión evidente: estamos todavía muy lejos de ser una sociedad igualitaria e incluyente; y debe entenderse que ésta sólo se logrará cuando cumplamos, por igual, los derechos de mujeres y hombres.

@MarioLFuentes1
Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM

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