Excélsior, 08 de junio de 2015

Ayer se llevó a cabo una de las jornadas electorales más desacreditadas ante la ciudadanía. En medio de la violencia, el desempleo y el empleo precario, de la desigualdad y la exclusión social, más de la mitad de la población sigue creyendo que no vivimos en una democracia y, peor aún, que da lo mismo o que incluso es preferible tener un gobierno autoritario si es que éste garantiza mayor bienestar y seguridad.

Por eso es pertinente preguntarnos: ¿qué sigue? Y exigir respuestas satisfactorias que vayan más allá de las coyunturas y que permitan sacar al país del abismo de contradicciones en que ha sido sumido en los últimos 35 años de crisis continua y empobrecimiento masivo e intergeneracional.

En primer lugar, es exigible al nuevo Congreso de la Unión que en el periodo legislativo se dé prioridad a las urgencias nacionales, y no a lo que se vislumbra y dice desde ahora: a “construir candidaturas presidenciales”.

La primera discusión seria que habrá de abordarse es la propuesta, que sigue ahí, de armar el Presupuesto de Egresos de la Federación con “base cero”; eso implicaría, desde una perspectiva distinta a la dominante, asumir que las prioridades están en otra parte; y el Congreso debería asumir esta oportunidad para restaurar los principales valores del bienestar: seguridad social y educación con calidad y acceso universal; garantía plena del derecho a la alimentación y, en general, cumplimiento estricto del artículo 1º de la Constitución.

Debemos exigir que, por primera vez en la historia de nuestro país, la definición de cómo se integran las comisiones legislativas responda a las urgencias nacionales, y no al reparto, como si fuese botín político, en función de los escaños que se tienen en San Lázaro, porque si algo es un hecho, es que todos los partidos que están ahí representados carecen de la legitimidad suficiente como para sostener que “representan” a la soberanía popular.

La elección de las nueve gubernaturas debe asumirse como una oportunidad para replantear el esquema del federalismo salvaje que hoy impera: revisar la Ley de Coordinación Fiscal y aprovechar el mandato que tienen los gobiernos estatales de construir planes locales de desarrollo, a fin de alinear con sentido y coherencia los intereses legítimos del país.

Eso obligaría a una revisión del Plan Nacional de Desarrollo; asumir que es momento de una evaluación, sobre todo en las metas relativas al crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, y adecuar la ruta de la administración para los próximos tres años.

Lo que es evidente es que hay temas ineludibles que deben atenderse sin regateos, entre otros: a) cómo devolver al salario mínimo el carácter constitucional de ser suficiente para una vida en dignidad: b) cómo mejorar las políticas de prevención del delito y reducción de la violencia; y cómo repensar la política de control de drogas; c) cómo generar nuevos mecanismos de control presupuestal en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción; d) cómo articular un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia, en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, y e) cómo reducir con mayor celeridad la pobreza y reducir las inequidades con los pueblos indígenas.

Tendrá que generarse un nuevo proceso de reflexión, mesurada y seria, en torno a la reforma política que no se ha querido llevar a cabo; pero también de la gran reforma social que se ha postergado una y otra vez, como si hubiese algo más urgente que resolver  los dilemas asociados a la muerte, la enfermedad y el infortunio en que viven millones de personas en nuestro país.

No hay nada más importante que generar, de una vez por todas, un quiebre decisivo de la desigualdad y de los ciclos de reproducción intergeneracional de la pobreza; y eso no podrá llevarse a cabo sin la acción responsable y ética de nuestras y nuestros representantes.

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