Excélsior, 23 de septiembre de 2013

Los tres niveles de gobierno tendrán que modificar sus agendas y proyectos de trabajo para lo que les queda en 2013.

Nuevamente el país se cimbra por la tragedia. Miles de mexicanos viven sus días, sabiendo que han perdido todo o casi todo: desde lo más entrañable: familiares y amigos, hasta los bienes tan esforzadamente reunidos: la cama, la silla, el televisor, la ropa o los zapatos. Dicho de manera llana, pero al mismo tiempo sumamente dura, la vida que tenían, ya no existe.

Ante la magnitud del desastre y la urgencia de la ayuda, los rumores y el enojo crecen, y en medio de todo, lo mejor que tenemos como sociedad surge nuevamente a través de innumerables actos de solidaridad de la población; y también esfuerzos admirables de algunos servidores públicos, entre quienes destaca, sin duda, el compromiso y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Es de reconocerse que el equipo del gobierno federal ha respondido con oportunidad, buscando coordinar lo que queda de las capacidades locales; y sobre todo, no debe dejar de decirse que el Presidente de la República ha hecho bien al enviar el mensaje de que está y estará al frente de la acción del gobierno.

A pesar de lo anterior, si algo revelan las inundaciones es la terrible realidad cotidiana de una pobreza que está en todas partes; de la precariedad de la vida diaria; a grado tal que, pasada literalmente la tempestad, en algunas localidades es difícil distinguir entre quiénes son los damnificados por las lluvias, y quiénes lo son de la desigualdad y la marginación.

Ante la emergencia, surgen nuevamente preguntas: ¿a quién deben darse de manera prioritaria los apoyos?; ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles bienes y servicios deberán ampliarse o incorporarse a las regiones afectadas?; y ¿quién debe proveerlos?

Debe comprenderse que ante la devastación que se enfrenta en amplias zonas, la atención debe dirigirse  a las familias de las localidades y colonias afectadas directamente, pero también a los vecinos y familiares lastimados por el desastre social, el desempleo, las enfermedades prevenibles, los bajos o nulos salarios, la violencia familiar, la falta de vivienda digna, y la carencia e insuficiencia de servicios públicos o de escuelas y clínicas dignas de esos nombres.

No debe perderse de vista además, que a partir de este desastre, los tres niveles de gobierno tendrán que modificar sus agendas y proyectos de trabajo para lo que les queda en 2013, y sobre todo en torno a lo que habían proyectado llevar a cabo en 2014.

En la medida en que avancen los días podrá dimensionarse la magnitud real y los alcances de la tragedia. Lamentablemente, como ya ha ocurrido en el pasado, tomará meses restaurar lo básico para que las localidades retomen una vez más su vida cotidiana.

Nuestra generación sabe con certeza que el cambio climático hace más virulentos todos los fenómenos naturales; y sabemos también que el modelo social y político que tenemos determina que quienes habitan las zonas de mayor marginación y riesgo sean los más de 50 millones de pobres que hay en el país.

Desde esta perspectiva, el jefe del Estado mexicano tiene una enorme oportunidad para asumir que es hora de trabajar, no sólo para restaurar o reconstruir los precarios bienes y servicios que perdió la población damnificada sino para construir un entorno social y económico digno, que permita mitigar y sobre todo evitar, que una vez más, tengamos que presenciar las trágicas escenas que hoy estamos viendo.

¡Ojalá!

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