Desde el 2008, la estrategia nacional de seguridad pública ha estado centrada en la llamada “desarticulación de los cárteles de la droga”. El supuesto era que, como en las películas estadunidenses, al aprehender al líder, las bandas perderían unidad y capacidad operativa. Nada más ingenuo que tal hipótesis

 

El error en el planteamiento es tan obvio como simple, pues no se consideraron, entre otros, los siguientes aspectos:  

1. Las bandas del crimen organizado se dedican, no sólo a la producción y tráfico de estupefacientes, sino también a otros delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes y, sobre todo, el robo, distribución y comercialización de combustibles, conocido popularmente como el huachicol.

2. Que las bandas del crimen organizado operan en colusión con autoridades locales y no se tomó en cuenta la capacidad corruptora de los delincuentes ni la proclividad a la corrupción de los gobiernos locales.

3. Que el crimen organizado cuenta con una poderosa y aún no atacada estructura financiera, que le da capacidades ilimitadas de movilización y operación.

Aunado a lo anterior, la estrategia tuvo un diseño articulado desde la perspectiva de la seguridad nacional. Ese es el tema clave, pues lo que no se comprendió es que de lo que se trataba era de enfrentar, prevenir y reducir en la medida de lo posible, la violencia, en sus distintas manifestaciones.

Debe insistirse en que la política de seguridad pública debería ser una política de seguridad ciudadana, que sin estar subordinada a la política social, sí debe ir a la par. Desde esta perspectiva, entonces, lo que debe discutirse es cuáles son los objetivos de las grandes políticas nacionales, porque eso es lo que se debe modificar.

Por ejemplo, la política económica ha tenido como grandes objetivos: a) controlar la inflación; b) mantener la estabilidad macroeconómica y c) garantizar la competitividad de la economía nacional frente al mercado global.

Frente a ello, lo que debería asumirse es que el gran objetivo de la política económica es reducir la desigualdad, al plantearse así, entonces la lógica fiscal y hacendaria debería modificarse radicalmente, y con ello, los mecanismos, criterios y prioridades de inversión y gasto público a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En segundo lugar, desde hace más de 20 años la política social se planteó como objetivo romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza, hasta ahora no lo ha logrado, y no lo ha hecho, en buena medida, porque en realidad la política social debería orientarse a la garantía de derechos, sobre la prestación de algunos servicios básicos; y porque el supuesto de esta política es que habría crecimiento económico y empleos dignos para todos.

En esa misma lógica, la política de seguridad pública debería cambiar el orden de sus prioridades, sin dejar de lado la investigación y sanción de los delitos, debería articularse con la política social con el propósito de construir un proceso ampliado de cohesión social.

La violencia entre pares que implica el bullying, la violencia contra las mujeres, la violencia en contra de las niñas y niños, la violencia sexual, la violencia machista en las calles que se expresa en agresiones hacia las mujeres y también en lesiones y pleitos callejeros; la expansión de las “pandillas” y la presencia masiva de delitos como el robo, en todas sus formas, son todos el “anverso” de la violencia que vemos todos los días vinculada a los cárteles, y cuya estridencia oculta el nivel de fractura social que implican estas otras formas de violencia y agresividad.

Las categorías centrales de la política en materia de seguridad, no deben ser predominantemente las de los homicidios, los secuestros, la extorsión, etc., sino las del dolor, la tristeza, la desesperanza, la angustia. No hacerlo así implica renunciar a atender lo que realmente importa: el bienestar y la integridad de las personas y la posibilidad de una vida feliz para todos.

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http://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2018/01/020909-ABM-ZACATECAS-02-1024x685.jpghttp://marioluisfuentes.org/wp-content/uploads/2018/01/020909-ABM-ZACATECAS-02-150x150.jpgMario Luis FuentesExcélsior  Desde el 2008, la estrategia nacional de seguridad pública ha estado centrada en la llamada “desarticulación de los cárteles de la droga”. El supuesto era que, como en las películas estadunidenses, al aprehender al líder, las bandas perderían unidad y capacidad operativa. Nada más ingenuo que tal hipótesis   El error en el planteamiento es tan obvio...Integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y Titular de la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" de la UNAM. Director General del CEIDAS, AC; Director de la Revista México Social, y Conductor del programa México Social, que se transmite todos los martes a las 10  pm por Canal Once.