Excélsior, 14 de diciembre de 2015

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Los datos son por demás sorprendentes, pues, una vez más, al igual que en 2010, nos encontramos con una magnitud de población que nos alerta sobre los enormes retos que tenemos, además de los rezagos y retrocesos sociales que revela la nueva información.

Somos un país donde 4.75 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas; tenemos un grado promedio de escolaridad de 9.1 grados para la población de 15 años y más; 20.6 millones de personas no cuentan con afiliación a ningún sistema de salud; 21% de las viviendas ocupadas carece de agua entubada en su interior; en 10.7% de los hogares se han tenido limitaciones para acceder a alimentos por falta de dinero en los últimos tres meses y en 19.3% —casi el doble— las niñas y niños han tenido dificultades para ser alimentados debido a la precariedad económica.

Tales datos son indicativos de las condiciones de una desigualdad estructural y de una pobreza masificada, pero hay más que muestran otras desigualdades, por ejemplo, los relativos a la Tasa Global de Fecundidad y la Tasa Específica de Fecundidad en población adolescente; los cuales son reveladores del incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de una profunda estructura de estereotipos, discriminación y machismo que deben ser rápidamente erradicados.

Los datos disponibles para las personas hablantes de lenguas indígenas, afrodescendientes y otros grupos específicos, como las personas con discapacidad o los habitantes del mundo rural, son el signo de las condiciones de injusticia económica y social, pero también cultural, que deben ser quebradas para avanzar hacia un país de justicia y equidad.

El hecho de ser una nación multicultural de 120 millones de habitantes nos sitúa ante múltiples retos, pero también puede ser asumido como una alerta sobre el potencial que tenemos como país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el modelo de desarrollo se volcara sobre el crecimiento interno, sobre un nuevo proceso de inversión pública e industrialización regional?

¿Qué pasaría si las prioridades de inversión dieran un giro hacia lo social: educación de calidad, un sistema universal de salud y seguridad social, recuperación salarial y generación suficiente de empleos dignos, viviendas de calidad y servicios públicos eficientes y centrados en la garantía de los derechos humanos?

Hoy más que nunca, la magnitud demográfica de México nos sitúa ante el reto y la oportunidad de construir un nuevo Estado de bienestar que nunca más permita que el ingreso se concentre en unas cuantas manos y que fomente la cohesión social.

Con la magnitud demográfica que tenemos, la posición geográfica privilegiada en que estamos situados, con la infraestructura, aún insuficiente con que contamos, podríamos ser no sólo una de las mayores economías planetarias, sino, sobre todo, un modelo de sociedad cohesionada y un modelo en el cumplimiento de los derechos humanos.

Nuestros grandes males son superables: ni la corrupción ni la violencia son problemas literalmente anclados en nuestro ADN; la pobreza y la desigualdad no son la única opción de futuro ni mucho menos son las deseables para la mayoría; la discriminación y segregación de vastos sectores de la población son rémoras culturales que pueden superarse con base en una educación inclusiva y para la paz.

México está en un momento decisivo en el cual podemos decidir ser el país justo e incluyente con el que soñaron quienes lideraron la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Estamos ante la posibilidad de atender al llamado por la igualdad y transitar de ser un país en el que se hace lo posible pero no lo deseable, en uno en que lo deseable se hace posible gracias a la voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos y de cumplir el ambicioso proyecto constitucional que nos hemos dado de ser un país de derechos humanos, paz y dignidad.

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