Excélsior, 6 de octubre de 2014
 
A la desigualdad, al igual que a otros conceptos, hay que adjetivarla. Esto es necesario porque en el mar de confusiones en que vivimos, pareciera que el uso de los conceptos es neutro y que al hablar de la pobreza, de la discriminación o de la desigualdad, entre otras categorías, estamos diciendo lo mismo.

Adjetivar implica no sólo definir cualidades de lo nombrado, sino que en ello se explicita la posición de quien escribe o habla. En consecuencia, decir “oprobiosa desigualdad” o “inaceptable desigualdad”, no es lo mismo que “desigualdad” a secas. La precisión es mayor cuando se vive en un país como el nuestro en el que los bienes más preciados sólo son asequibles para quienes tienen más poder. 

Desde esta perspectiva, debe asumirse que el pacto social está fracturado; es decir, resultaría absurdo pensar que hoy tenemos un pacto en el cual el acuerdo consiste en que, al nacer pobre, el único destino visible sea mantenerse pobre; y que al nacer rico, la perspectiva probable es que se llegue a ser más rico.
 
Frente a ello, debe destacarse la trilogía de textos construidos por la CEPAL a partir de 2012, y en los cuales pone al centro de la discusión a las múltiples desigualdades que padecemos en América Latina, entre las cuales destacan dos: la desigualdad en el acceso a la garantía plena de los derechos sociales; y la desigualdad en el acceso a la justicia.
 
Lo primero se evidencia en nuestro país en múltiples dimensiones; por ejemplo: entre las personas indígenas 73 de cada 100 son pobres; entre la población no indígena la proporción es de 43 de cada 100.
 
La tasa de mortalidad infantil entre las niñas y niños en las localidades indígenas más pobres puede ser de hasta 35 defunciones por cada mil nacidos vivos; en Monterrey la tasa estimada es de hasta ocho por cada mil en las zonas más ricas.Vivir en el ámbito rural implica que en 55% de los casos se vive en vulnerabilidad por carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda; en los ámbitos urbanos el indicador es de diez por ciento.
 
En síntesis, lo oprobioso e inaceptable de nuestra desigualdad se expresa en el dato relativo a que únicamente 18% de la población tiene acceso a lo que el Coneval considera como “niveles adecuados de bienestar”.En el ámbito del acceso a la justicia la cuestión se resume en la dura realidad de habernos convertido, desde hace ya varios años, en un territorio de víctimas. Y, frente a ello, una campante impunidad que encuentra su peor expresión y fractura en el sistema penitenciario.
 
La desigualdad no beneficia a nadie; ni siquiera a los más ricos; por ello es urgente que desde las élites pueda reconocerse que crecer para la equidad y distribuir de manera justa la riqueza son las únicas rutas transitables para una vida civilizada y compartida por todos. Los datos no dejan lugar a dudas: es urgente construir pactos por la igualdad; y ello requiere de más democracia, de más Estado y esto, a su vez, exige de una incesante práctica política en civilidad de quienes hoy gobiernan, legislan e imparten justicia; porque, de no hacerlo, estaremos conduciendo al país hacia un desfiladero del cual, en el largo plazo, será muy difícil escapar.
 
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Mario Luis FuentesExcélsiorExcélsior, 6 de octubre de 2014   A la desigualdad, al igual que a otros conceptos, hay que adjetivarla. Esto es necesario porque en el mar de confusiones en que vivimos, pareciera que el uso de los conceptos es neutro y que al hablar de la pobreza, de la discriminación o...Integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y Titular de la Cátedra Extraordinaria "Trata de Personas" de la UNAM. Director General del CEIDAS, AC; Director de la Revista México Social, y Conductor del programa México Social, que se transmite todos los martes a las 10  pm por Canal Once.