Las campañas electorales que están en proceso en Coahuila, Estado de México y Nayarit perfilan el tono y clima en que se desarrollarán las elecciones federales, pero también las locales, de 2018. 

Para nuestra frágil democracia, lo que ocurrió con la elección de Donald Trump, así como las elecciones en distintos países de Europa, deben constituir lecciones imprescindibles, pues algo real es que la amenaza del pensamiento conservador está vigente y hay una agresiva apuesta por tomar el control de todo el poder: desde el control militar global, pasando por el control de la economía planetaria, y asentándose en democracia, a través del control político de lo que queda de los Estados nacionales.

Desde esta perspectiva, la exigencia que la ciudadanía mexicana deberá ser capaz de posicionar es que las campañas se centren en lo relevante: cómo crecer con equidad, cómo erradicar el hambre, cómo prevenir y evitar las enfermedades de la pobreza y la desigualdad, cómo pacificar y reconciliar al país y cómo darle viabilidad a un nuevo Estado de bienestar sustentado en el mandato del artículo 1º constitucional.

Por ello, las diatribas que se escuchan en campaña en contra del aborto, del matrimonio igualitario, de la adopción de hijas e hijos por parte de parejas del mismo sexo y, en general, en contra de la diversidad en todas sus manifestaciones, constituyen propuestas peligrosas porque, en el fondo, implican un intento de regresión de las conquistas que hemos logrado en materia de derechos humanos.

Lo que, en ese sentido, no se ha destacado suficientemente es que las y los candidatos que plantean posiciones personales de extrema derecha, en el fondo, están diciéndonos que están en contra de una buena parte del orden constitucional y, en algún sentido, en desacato o rebeldía con respecto a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado y fijado como criterios de interpretación con respecto a los temas señalados.

Los prejuicios de las y los candidatos no pueden ser el rasero con el que deben desarrollarse las campañas políticas y, en esa lógica, es responsabilidad ciudadana exigirles que se apeguen a los mandatos de la Constitución y, en general, al orden jurídico nacional; o bien, que sean honestos y hablen con claridad con respecto a cuáles son las reformas que estarían proponiendo en función de sus posiciones.

Lo que parece que no se entiende es que también, en el fondo, el discurso conservador está casi siempre impregnado de odio y de posiciones intolerantes; la derecha, y en ese sentido debe destacarse que se ha posicionado en todos los partidos políticos, tiene compromisos indeclinables con los grupos de poder más retrógradas y promotores de la represión y el control social ejercido desde el Estado con fines de opresión y privación de derechos y garantías.

En esa visión del mundo, lo que debe hacerse es debilitar aún más a la frágil estructura fiscal del Estado, porque, según su lógica, deben bajarse aún más los impuestos, mantenerse los privilegios para los de siempre y facilitar la inversión a favor de quienes han depredado históricamente al país.

La historia nos muestra claramente qué ocurre cuando la derecha se impone: en la década de los 80, la región latinoamericana, por ejemplo, fue sometida a una serie de medidas draconianas, en aras del “orden y estabilidad macroeconómica”, con los consabidos resultados de empobrecimiento masivo, profundización de la desigualdad y la mutilación del Estado para impulsar nuevos procesos de crecimiento con equidad.

En 2018 debemos exigir a las y los candidatos que se presenten, la construcción de una agenda mínima respecto de la cual deberán comprometerse: compromiso indeclinable con los derechos humanos, compromiso irrenunciable con el combate a la desigualdad y la pobreza, erradicación de la corrupción, pacificación del país y protección especial a los grupos en mayor vulnerabilidad.

Cualquier cosa que no quepa ahí, debería ser considerada como propuesta peligrosa.

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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