Hay un profundo malestar con la democracia; en eso consiste nuestra crisis estructural y nos equivocaríamos si asumimos que es exclusivamente un problema de hoy. 

 

En los últimos 30 años hemos dado pasos relevantes, pero a todas luces insuficientes. Se le dio autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le dio autonomía constitucional al entonces IFE y ahora INE. Se logró la alternancia política en todos los órdenes y niveles de gobierno, logramos construir un nuevo sistema penal acusatorio y un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otro lado, tenemos sólidos órganos generadores de información para el desarrollo: al Inegi se le otorgó autonomía constitucional y fueron creados el INEE, así como el Coneval.

Tenemos un nuevo marco constitucional de garantía y protección de los derechos humanos y contamos con leyes que, vistas desde fuera del país, son calificadas como ejemplares en su alcance y contenidos relativos a los derechos de grupos específicos de población.

A pesar de ello, los partidos políticos han perdido su representatividad; hoy muy pocas personas podrían decir que se sienten representadas por cualquiera de las opciones políticas que existen en el país. El sistema judicial se encuentra desacreditado, a decir de las encuestas en la materia, al menos ante 65% de la población.

Las procuradurías de justicia, las policías y otras estructuras institucionales son vistas con entera desconfianza por la población; los medios de comunicación han perdido buena parte de la confianza de la opinión pública, mientras que instituciones eclesiales y otras formas de organización comunitaria también enfrentan severos cuestionamientos.

Frente a ello, entre los años 2006 y 2015 el Inegi tiene un registro de 195 mil 600 homicidios cometidos en el país; se estima que hay 29 mil personas desaparecidas, se estima que anualmente se cometen más de 250 millones de actos de corrupción, se registran anualmente más de 450 mil nacimientos de madres menores de 19 años; las muertes evitables representan una de cada tres defunciones que se registran en el país y, para colmo, eventos macabros como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y las incontables fosas clandestinas que se han localizado por todo el país.

Para utilizar una analogía podría decirse que vivimos una especie de esquizofrenia estatal: contamos con un orden jurídico e institucional —formalmente hablando— ejemplares, pero en contraste sus operadores han conducido cada reforma, cada cambio y cada mejoría en un nuevo fracaso porque, como dice el dicho popular, “el que hace la ley hace la trampa”, dando como resultado un torcido y en constante contradicción sistema institucional.

Ante ello, la ausencia de liderazgos es evidente, y por ello también, ante el surgimiento de figuras que enarbolan “banderas de cambio”, revestidas de un pretendido carácter puramente ciudadano, surgen también nuevas “esperanzas” de transformación con desenlaces decepcionantes, como ya ocurrió en el caso de Nuevo León.

¿Qué nos pasó? ¿En qué momento se rompió el frágil equilibrio que existía entre los grupos y personas con plena convicción democrática, y los peores grupos de interés? ¿O debemos simplemente asumir que, invariablemente, toda persona dedicada a la política es rapaz, corrupta e incompetente?

En este escenario, lo que urge es reconocer que sí enfrentamos una severa crisis, pero que ésta no es estrictamente económica, sino ética y, por lo tanto, política; lo que estamos enfrentando es la incapacidad de romper con los perniciosos negocios hechos al amparo del poder, con los siniestros vínculos de algunos políticos con el crimen organizado y con los oprobiosos mecanismos de despojo y reproducción de la desigualdad.

Ojalá que nuestros problemas fuesen sólo cómo reactivar a la economía, pero no, la cuestión es más profunda y sus consecuencias son del todo nefastas, pues se sintetizan en las categorías del dolor, la frustración, la desesperanza, la enfermedad y la muerte, y eso no se resuelve sólo con nuevas políticas públicas, sino con una profunda transformación ética, gubernamental y social.

 

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @mariolfuentes1

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