Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación escribió, respecto de la tragedia de la Guardería ABC, en su artículo del 30 de mayo en el periódico Milenio: “No se trataba de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales… Se trataba de redimensionar la noción del servicio público como responsabilidad y no como privilegio… Pero, lamentablemente, la oportunidad se dejó pasar… no hubo ninguna renuncia, ninguna condena moral”.  

 

El argumento de Arturo Saldívar se sustenta en un diagnóstico demoledor: existía un desorden generalizado en el sistema institucional responsable de las guarderías en el país; lo más preocupante al respecto es que este análisis puede extenderse fácilmente, por analogía, al incumplimiento, también generalizado, de todo el conjunto de los derechos de la niñez.

Desde esta perspectiva, uno de los fenómenos que en mayor medida sintetiza la precaria situación en que viven las niñas y niños en México es el trabajo infantil. Para dimensionar su magnitud, cito cinco datos del boletín que emitió el Inegi, el pasado 9 de junio, sobre el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemora justamente hoy, 12 de junio:

a) Ocho de cada 100 niñas y niños entre 5 y 17 años, trabajan.

b) De la totalidad de niñas y niños ocupados, nueve de cada diez realizan actividades no permitidas por la ley para su edad.

c) Cuatro de cada diez de las niñas y niños que trabajan no asisten a la escuela;

d) Del total de niñas y niños que trabajan, cuatro de cada diez ni recibe ingresos por las tareas que desarrolla, y casi el 30% gana un salario mínimo o menos al día.

e) Tres de cada diez niñas que realizan quehaceres domésticos, en condiciones no adecuadas para su edad, exceden las 28 horas laborales a la semana.

Lo anterior revela, sin duda alguna, la lógica antidesarrollista que ha sumido al país en una trayectoria de crecimiento mediocre y de desigualdad profunda; pues ni se crece lo suficiente para redistribuir con equidad ni tampoco los escasos recursos fiscales de que dispone el Estado están siendo distribuidos para generar una lógica virtuosa de crecimiento con equidad.

El combate al trabajo infantil, debe entenderse, no es un esfuerzo dirigido a sancionar o condenar a los millones de familias que dependen del ingreso y actividades productivas de sus hijos pequeños; antes bien, de lo que se está hablando es de erradicar las inaceptables condiciones de explotación, tanto de adultos como de población infantil, que impiden a las familias superar los círculos de pobreza estructural en que están atrapadas desde hace décadas.

Las niñas y niños tienen derecho a la felicidad; a vivir en condiciones de bienestar; a recibir una educación de calidad; a ser atendidos cuando se enferman; a vivir protegidos contra toda forma de maltrato, abuso o violencia; a vivir en entornos familiares que permitan el libre desarrollo de su personalidad, y todo ello regido bajo el principio del interés superior de la niñez.

Una economía en la cual ocho de cada 100 niñas y niños tienen que trabajar para contribuir al ingreso de sus familias es una economía fracturada, pues resulta no sólo racionalmente inaceptable, sino, ante todo, éticamente condenable, que las niñas y niños sean sometidos a condiciones de explotación y de riesgo para su salud, presente y futura, así como para el adecuado desarrollo sicoemocional al que tienen derecho.

El trabajo infantil es una de las peores “anomalías” de la economía globalizada e inequitativa que priva en el siglo XXI; pero hay que decirlo, de tal condición hay responsables, y el principal es el Estado.

De ahí la relevancia de insistir en la deuda de proporciones históricas que tiene México con la niñez, y en la cual la mayor urgencia es lograr, de una vez por todas, que ninguna niña o niño sea dejado atrás en el cumplimiento y garantía de todos sus derechos.

 

@MarioLFuentes1
Investigador del PUED-UNAM

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